La insostenible ola de violencia en Ecuador: ¿Dónde está el plan de seguridad del gobierno de Noboa?
Un país en crisis, donde la violencia no para de crecer y las respuestas del gobierno son apenas un espejismo.
Contextualización:
Ecuador vive una de las crisis de seguridad más graves de su historia reciente. Entre enero y octubre de 2025, el país ha registrado 7,439 asesinatos, una cifra que ya supera el total de crímenes violentos ocurridos en 2024. En solo diez meses, Ecuador ha experimentado una espiral de violencia que coloca a este año como el más sangriento de la historia reciente, sin señales claras de un cambio en las políticas de seguridad.
Aunque el gobierno de Daniel Noboa y sus ministros de Interior y Defensa, John Reimberg y Gian Carlo Loffredo Rendón, prometieron acciones contundentes frente al crimen organizado, hasta ahora no se ha materializado ningún plan eficaz para frenar esta violencia descontrolada. En lugar de ofrecer soluciones estructurales, lo único visible ha sido la repetición de operativos sin una estrategia clara que atienda tanto las causas profundas de la violencia como la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía.
I. El desajuste entre las promesas y la realidad
Desde el inicio de su mandato, el gobierno de Noboa anunció la creación de un “Plan Fénix” como respuesta a la creciente ola de violencia. Sin embargo, a diez meses de su gestión, este plan sigue siendo solo una promesa incumplida. En su lugar, se han implementado operativos militares y policiales, que, si bien son necesarios, carecen de un enfoque integral que vaya más allá de la mera represión.
Las matanzas se han vuelto frecuentes, y no hay día en el que las noticias no reporten nuevos asesinatos. Sin embargo, la respuesta del gobierno ha sido más reactiva que proactiva, demostrando una total falta de visión estratégica para frenar la violencia que asola a las ciudades y regiones más vulnerables.
II. El papel del Ministerio del Interior: más represión que soluciones
El Ministro del Interior, John Reimberg, ha sido incapaz de ofrecer respuestas claras y efectivas frente al aumento de la violencia. En lugar de adoptar una política integral para enfrentar las causas profundas del crimen organizado, el gobierno ha optado por respuestas reactivas, como las redadas masivas y operativos militares, que no atacan la raíz del problema.
Sin embargo, cuando se trata de reprimir las protestas sociales, el gobierno no ha escatimado en el uso de la fuerza. Durante el paro nacional, que fue impulsado por el malestar social debido al aumento del precio del diésel y otras medidas económicas, las autoridades respondieron con extrema agresividad. En este contexto, tres personas que participaban en las protestas fueron asesinadas, un hecho que ha generado una condena internacional y un llamado de atención sobre el uso desmesurado de la fuerza contra quienes, desarmados, exigían un cambio en las políticas públicas.
Los organismos internacionales de derechos humanos han intervenido, alertando sobre el abuso de poder y el uso ilegítimo de la fuerza. La ciudadanía, por su parte, critica severamente esta postura del gobierno: ¿por qué se intensifica la violencia contra personas desarmadas que protestan por el encarecimiento de la vida, mientras las bandas de delincuentes y el crimen organizado siguen actuando con total impunidad?
III. La ineficacia del Ministerio de Defensa: ¿falta de estrategia o de voluntad?
Por su parte, el Ministerio de Defensa, encabezado por Gian Carlo Loffredo Rendón, ha fracasado en ofrecer una respuesta efectiva a la magnitud de la crisis de seguridad. Aunque se han ejecutado operativos militares en varias regiones del país, estos no han logrado frenar el avance de las organizaciones criminales.
La falta de una estrategia coordinada entre los diferentes cuerpos de seguridad y el uso de métodos que parecen ser más espectaculares que efectivos, han generado más dudas que confianza en la población. Las bandas criminales siguen operando con total libertad, mientras la población es la que paga el precio de la inacción.
IV. La crisis de confianza: cuando la información oficial no refleja la realidad
Una de las grandes preocupaciones en torno a la gestión de la seguridad en Ecuador es la falta de transparencia y la manipulación de las estadísticas oficiales. En diversas ocasiones, las autoridades han afirmado que las cifras de asesinatos y crímenes violentos han disminuido, pero la realidad en las calles es otra.
Mientras el gobierno asegura que la situación está bajo control, las familias de las víctimas de la violencia sienten el peso de la inseguridad día a día. Las estadísticas oficiales no siempre se actualizan a tiempo, lo que genera una desconexión entre los datos presentados y la realidad que vive la población. La constante discrepancia entre los informes oficiales y la experiencia cotidiana de los ciudadanos alimenta la desconfianza en las instituciones encargadas de velar por la seguridad.
V. Un gobierno insensible frente al sufrimiento del pueblo
Lo que más desconcierta es la insensibilidad del gobierno frente a la tragedia que vive el país. En lugar de atender con urgencia la crisis de seguridad, el gobierno de Noboa parece más preocupado por calmar los medios de comunicación que por abordar la raíz del problema.
Mientras las muertes violentas aumentan, y los ciudadanos exigen una solución, el gobierno se dedica a desmentir las cifras de muertes, presentando un panorama distorsionado de la realidad. El uso excesivo de la fuerza contra quienes protestan pacíficamente por sus derechos, como sucedió durante el paro nacional, refleja una clara falta de empatía hacia los ecuatorianos que padecen la inseguridad en su vida diaria.
VI. El futuro: ¿Cómo enfrentar la violencia estructural?
Para salir de esta crisis, Ecuador necesita un cambio radical en su enfoque de seguridad. El gobierno debe entender que la violencia tiene raíces profundas, que van más allá de la simple represión. La solución pasa por una estrategia integral que contemple no solo el uso de la fuerza, sino también políticas de prevención, educación, justicia social y, sobre todo, la reconstrucción de la confianza en las instituciones.
Ecuador necesita una estrategia de seguridad que considere las causas estructurales de la violencia, que incorpore el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, pero también el fortalecimiento del sistema de justicia y el combate a la corrupción. Sin un plan realista y de largo plazo, la violencia seguirá siendo el principal protagonista de la vida de los ecuatorianos.
Conclusiones:
El 2025 será recordado como el año en que Ecuador tocó fondo en términos de violencia. Las promesas del gobierno de Noboa han quedado en el aire, y el país sigue esperando una solución que nunca llega. Las autoridades han fallado, y el pueblo ecuatoriano sigue pagando el precio de su inacción. Es hora de exigir un cambio real, un compromiso con la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos, y sobre todo, una política que no dependa de redadas, sino de soluciones estructurales.
La violencia no puede seguir siendo el pan de cada día en Ecuador. La responsabilidad está en manos del gobierno. ¿Estarán dispuestos a actuar antes de que sea demasiado tarde?
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Bibliografía:
Estadísticas de seguridad pública de Ecuador, 2025.
Reportes del Ministerio del Interior y Defensa de Ecuador.
Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la violencia en Ecuador.
Firmado:
Dr. Ney Briones Zambrano
Director Ejecutivo Movimiento Pluricultural Quinta Región
Redactor Red conecta Ecuador Noticias / Substack