El decreto de la traición: cuando Noboa pateó la escalera que lo sostuvo
Médicos, maestros y servidores que apoyaron a Noboa hoy son despedidos “por necesidad institucional”. El Decreto 57 legaliza la arbitrariedad y dinamita la estabilidad laboral en el sector público
Contextualización: de la campaña a la cuchillada
Cuando Daniel Noboa recorría el país prometiendo renovación, transparencia y eficiencia, muchos vieron en él un rostro joven con discurso empresarial que, al menos, parecía no pertenecer al pasado. Lo apoyaron médicos, maestros fiscales, jóvenes funcionarios y trabajadores de base que creyeron en su “nueva política”.
Hoy, el mismo gobierno ha firmado el Decreto Ejecutivo 57, un texto de 243 páginas que reconfigura la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) y otorga al Ejecutivo y al Ministerio del Trabajo la facultad de ejecutar despidos masivos, con criterios vagos como la “necesidad institucional”. Bajo esa fórmula, cualquier servidor público puede ser cesado sin proceso, sin justificación, sin defensa. Y lo que es peor: sin que su trabajo importe.
La guadaña del decreto ha comenzado a caer, y muchos de los primeros en sentirla son los que ayudaron a levantar esta administración. Una traición legalizada. Una puñalada desde el poder.
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I. El Decreto 57: la coartada perfecta para el despido sin rostro
La pieza central de esta nueva política es una palabra: “reestructuración”. Suena técnica, suena seria. Pero en la práctica es una excusa. El Decreto 57 permite que una autoridad, sin rendir cuentas, decida que un puesto ya no es necesario y ordene su eliminación. No importa el tiempo trabajado, el rendimiento, ni la trayectoria profesional del funcionario.
Lo más grave es que este mecanismo está habilitado no solo para cargos provisionales, sino también para personal con nombramiento, si es que su calificación en las evaluaciones —que serán discrecionales— es “insuficiente” en dos periodos consecutivos. Es decir, el Estado podrá despedir sin mirar atrás.
Una coartada legal con apariencia de orden, que en realidad habilita despidos arbitrarios y selectivos. Porque cuando todo es subjetivo, todo es manipulable.
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II. Funcionarios desechables: la “nueva normalidad” del Estado
Los primeros en caer han sido los más vulnerables: docentes contratados, trabajadores administrativos, enfermeras con contratos ocasionales, psicólogos escolares. Profesionales que sostienen servicios esenciales en salud y educación.
Organizaciones como la UNE y el FUT han denunciado que ya existen listas de miles de trabajadores que serán separados. Algunos han sido informados verbalmente, otros simplemente no han recibido renovación. ¿La razón? “Reducción de partidas” o “reestructuración interna”.
El Estado, en nombre de la eficiencia, está normalizando el desamparo.
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III. Cuando la lealtad no paga: Noboa traiciona a su propio ejército
Muchos de los que hoy están siendo despedidos fueron parte activa de la campaña de Daniel Noboa. Docentes que creyeron en el “futuro”, médicos rurales que apostaron por el “cambio”, funcionarios de base que pensaron que su joven candidato no haría lo mismo que los viejos políticos.
Y, sin embargo, ese mismo gobierno los ha traicionado. Noboa no está depurando al aparato estatal: está destruyendo su propia base de apoyo. Está convirtiendo la lealtad en un pasivo, y la entrega en un riesgo.
¿Es ingenuidad o cálculo? ¿Desconocimiento de la estructura pública o voluntad de desmontarla? Tal vez ambas cosas. Pero el resultado es el mismo: miles de trabajadores despedidos por el mismo gobierno que aplaudieron.
IV. El colapso de la estabilidad institucional: todos bajo sospecha
Además de los despidos, el Decreto 57 impone un sistema de evaluación interna, semestral, sin parámetros claros ni supervisión técnica. ¿Quién evalúa? ¿Con qué criterios? ¿Con qué garantías? Nadie lo sabe con certeza.
Esto abre paso a un nuevo clima laboral: el del miedo. Servidores que evitan opinar, que no contradicen, que no reclaman. Funcionarios que viven con una carta de despido simbólica sobre el escritorio. Se acabó la meritocracia: ahora reina la obediencia.
Lo que está en juego no es solo la estabilidad de los empleados públicos. Es la funcionalidad misma del Estado. ¿Cómo puede operar un sistema institucional basado en el temor?
V. Reacción social: ¿despertará el monstruo dormido?
Sindicatos, organizaciones gremiales y colectivos de trabajadores han comenzado a reaccionar. Se han presentado acciones de inconstitucionalidad contra el Decreto 57. Han salido a marchar, a exigir respuestas, a reclamar respeto.
Además, medios como Ecuavisa han confirmado que el gobierno desvinculará a 5,000 funcionarios, lo que aumenta la incertidumbre en las instituciones gubernamentales. David Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores, ha advertido que habrá movilizaciones. Otros sectores y personas también se han pronunciado en contra de esta medida, lo que augura una mayor polarización social.
Pero todavía falta una respuesta más amplia, más transversal. Porque esta no es una lucha de burócratas: es una alerta nacional. Lo que hoy ocurre con los servidores públicos puede ocurrir mañana con cualquier trabajador del sector privado si esta lógica de flexibilización se impone como norma general.
El “decretazo” es la antesala de una política laboral regresiva. Y la sociedad no puede permitirlo.
VI. ¿Dónde están los que aplaudían?
Hace apenas meses, las redes sociales estaban llenas de publicaciones celebrando a Noboa. “Por fin alguien joven”, “Ahora sí hay futuro”, “¡Este sí trabaja!”. Muchos de esos mensajes venían de servidores públicos que hoy están en el limbo laboral.
¿Dónde están ahora? ¿Dónde quedó el entusiasmo? ¿Dónde el supuesto “liderazgo innovador”? La realidad ha golpeado: el presidente que ofrecía renovación ha resultado ser un gestor de despidos masivos, un tecnócrata con alma de empleador que calcula recursos, pero no vidas.
La traición no es solo política: es emocional. Porque nada duele más que haber confiado... para ser luego descartado.
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Conclusión: el Ecuador no puede vivir con miedo
El Decreto 57 no es una reforma laboral. Es una herramienta de control. Es una declaración de guerra a la dignidad de quienes sostienen el aparato estatal día a día, muchas veces en condiciones precarias.
Un país no se construye despidiendo a su gente. No se moderniza con decretos autoritarios. No se reforma humillando. Daniel Noboa está jugando con fuego, y puede terminar incendiando el poco capital político que aún le queda.
Los trabajadores públicos, los ciudadanos, los gremios, la academia, los medios: todos deben alzar la voz. No hay neutralidad posible ante la injusticia. Porque cuando se impone el silencio, la arbitrariedad se vuelve ley. Y en ese país, nadie —absolutamente nadie— está seguro.
Dr. Ney Briones Zambrano
Director Ejecutivo del Movimiento Quinta Región
🌐 www.drneybriones.com