🧠💊 De tabla en tabla hasta la hipocresía total: Daniel Noboa y la criminalización de la adicción
“Prometió cambio, pero recicló lo que criticó. La represión continúa con otro nombre.”
Por Dr. Ney Briones Zambrano.
Redactor de Ecuador conecta noticias.
Directo ejecutivo Movimiento Pluricultural Quinta Región.
Introducción contextualizada
En 2023, la llamada “tabla” de sanciones y medidas en materia de drogas se convirtió en uno de los temas más polémicos y debatidos en la política ecuatoriana. Más allá de una simple norma, esta tabla simbolizaba una forma de abordar la problemática de la drogadicción y el consumo que ha polarizado opiniones entre quienes defienden políticas punitivas y quienes abogan por enfoques centrados en la salud pública y los derechos humanos. Para muchos, la tabla representaba una criminalización de la adicción más que una solución a las causas profundas que afectan a la juventud ecuatoriana.
I. La tabla no fomentaba el consumo: lo regulaba
Primero lo evidente. La tabla de consumo, instaurada en 2013 bajo el gobierno de Rafael Correa, era un instrumento técnico y jurídico para diferenciar entre consumidores y traficantes. No era una licencia para drogarse libremente, como el discurso moralista y punitivo de la derecha ecuatoriana intentó instalar. Establecía umbrales —por ejemplo, 10 gramos de marihuana, 2 gramos de cocaína— bajo los cuales una persona era considerada usuaria, no narcotraficante.
Su propósito era reducir la criminalización de la adicción, reconocida por la Constitución en su Art. 364 como un problema de salud pública, no de criminalidad. Aclarado: no era permisiva; era protectora. Así lo ha recordado la Corte Constitucional en 2019, y así lo sostienen penalistas como Ernesto Pazmiño o Pedro Granja: sin umbrales claros, todos son sospechosos, y el consumidor se convierte en reo.
En contraste, modelos como el de Portugal han demostrado que regular el consumo con límites claros y acompañado de programas integrales de salud puede reducir significativamente los problemas relacionados con las drogas. Este ejemplo debería ser una guía, no una excusa para criminalizar.
II. Populismo punitivo versión TikTok
A Daniel Noboa no le interesaba la verdad técnica ni el marco constitucional. Le interesaba el impacto viral de un video. En su narrativa, la tabla era poco menos que una incitación al narcotráfico, cuando en realidad era una herramienta básica para que el sistema judicial no se convierta en una trituradora de jóvenes pobres.
Porque, seamos claros: las redadas nunca son en Cumbayá ni Samborondón. Es el joven de barrio, el migrante, el que lleva una papeleta de marihuana, el que termina en la cárcel. En estas zonas, las tasas de detenciones relacionadas con drogas aumentaron un 35% en 2023, mientras que los sectores más favorecidos apenas sienten el impacto de estas medidas.
El artículo 220.1 del COIP establece penas por posesión de drogas, pero sin una tabla —sin criterios técnicos— todo queda al arbitrio del policía o fiscal de turno. ¿Justicia? No. Arbitrariedad con uniforme.
III. Del show a la trampa: el regreso por la ventana
Ahora, con la aprobación de la Ley de Solidaridad Nacional (junio 2025), el Gobierno ha dado media vuelta sin admitirlo. La norma incluye disposiciones reformatorias al COIP que ordenan a la Fiscalía, el Ministerio de Salud y el Consejo de la Judicatura establecer mecanismos para diferenciar consumo de tráfico. Es decir, una tabla. No la llaman así —porque eso sería reconocer el engaño—, pero el contenido es funcionalmente idéntico. Y peor aún: ahora sin cantidades explícitas, lo que deja abierta la puerta a mayor discrecionalidad.
¿Y la juventud ecuatoriana por la que lloraba Noboa en su video? Bien, gracias. Porque esta ley no trae programas reales de prevención, ni fondos de salud mental, ni políticas de reducción de daño. Sólo más vaguedad legal y el mismo enfoque de siempre: cárcel para el adicto, aplausos para el gobernante.
IV. Sin datos, sin política pública, sin vergüenza
Ecuador no cuenta con una encuesta nacional de consumo de drogas desde 2016. ¿Cómo se fijarán los “parámetros”? ¿Qué criterio se usará para medir el consumo problemático? ¿Qué drogas se incluirán? Nadie lo sabe.
Proponemos la realización de un sistema oficial de monitoreo continuo, con encuestas que se realicen al menos cada dos años, integrando variables socioeconómicas, geográficas y demográficas. Esto permitirá ajustar las políticas con base en datos reales y actuales.
La Ley delega esa responsabilidad a una resolución futura y oscura. ¿Resultado? Inseguridad jurídica, discrecionalidad y más injusticia. Como advierte la experta Carla Álvarez, esto puede convertirse en una “puerta abierta a la arbitrariedad”. Y lo será.
V. El problema real: salud mental, pobreza, abandono
La adicción no se combate con patrullas ni con discursos moralistas. Se combate con centros de atención, con psicólogos en el sistema público, con educación emocional, con oportunidades. Uruguay y Suiza han demostrado que invertir en estos modelos reduce significativamente la reincidencia y mejora la calidad de vida de las personas afectadas.
Pero eso cuesta. Eso no genera aplausos fáciles ni clips virales. Por eso es más sencillo mostrar un video rompiendo papeles que construir un sistema de salud mental decente.
Y mientras tanto, las cárceles se siguen llenando de pobres, de enfermos, de jóvenes sin futuro. Porque sin parámetros claros, todo el peso de la ley cae siempre sobre los mismos. No es guerra contra las drogas: es guerra contra los pobres.
VI. ¿Qué hacer?
No se trata de volver a la tabla como dogma. Se trata de perfeccionarla, como lo han hecho muchos países. Se trata de establecer límites claros, actualizados, basados en datos científicos, y de acompañarlos con una política de salud integral. Y, sobre todo, se trata de dejar de mentirle a la ciudadanía: despenalizar el consumo no es fomentar el narcotráfico; es reconocer la humanidad del que sufre una adicción.
El gobierno de Daniel Noboa ha demostrado que prefiere cambiarle el nombre a un instrumento que aceptar que mintió. Ha preferido disfrazar su retroceso como innovación. Pero no nos engañan. El papel roto de 2023 fue sólo eso: papel.
❓ Preguntas para pensar y debatir
¿Por qué se eliminó la tabla si se está reintroduciendo lo mismo con otro nombre?
¿Qué efectos reales tiene esta ley en los barrios populares?
¿Cómo se combate una adicción: con cárcel o con atención médica?
¿Qué intereses se esconden detrás de esta falsa narrativa de “salvar a la juventud”?
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✍️ Dr. Ney Briones Zambrano