De fiscal a diplomática en 24 horas: Diana Salazar y el arte del camuflaje institucional. From Prosecutor to Diplomat in 24 Hours: Diana Salazar and the Art of Institutional Camouflage
El nombramiento exprés de la exfiscal como embajadora en Argentina confirma las sospechas sobre una justicia al servicio del poder. Un epílogo político que parece más confesión que ascenso.
Versión en Español
Introducción
Diana Salazar dejó la Fiscalía un lunes y el martes ya tenía embajada. No es broma: es Ecuador. Esta crónica analiza, sin concesiones, cómo se confirma la utilización de la justicia como arma política. Una reflexión crítica y documentada que expone lo que el silencio institucional no dice.
Un giro diplomático que nadie pidió (pero todos entienden)
En Ecuador, el cinismo ya no se disfraza: se designa por decreto. El 20 de mayo de 2025, Diana Salazar renunció con solemnidad a su cargo como fiscal general del Estado. Al día siguiente, el gobierno de Daniel Noboa le extendía una nueva credencial, esta vez como embajadora en Argentina, mediante la resolución ejecutiva N.º 634. De la justicia a la diplomacia en 24 horas. Una transición tan veloz que ni los pasajes a Buenos Aires alcanzaron a reservarse antes de que estallara la polémica.
Y cómo no estallarla, si este nombramiento actúa como el punto final que redondea una sospecha persistente durante sus seis años de gestión: ¿fue Diana Salazar una servidora pública al servicio de la justicia, o una fiscal funcional al poder de turno?
Confirmación con firma y sello
Durante su mandato, Salazar construyó una imagen de firmeza institucional —una suerte de fiscal implacable y moderna— pero el retrato comenzó a resquebrajarse cuando las decisiones más contundentes de su despacho parecían coincidir demasiado con los intereses políticos del oficialismo de turno: primero Lenín Moreno, luego Guillermo Lasso, y finalmente Daniel Noboa.
Ahora, con su designación diplomática a apenas un día de su renuncia, el velo cae por completo. Las acusaciones de parcialidad, las denuncias de justicia selectiva, los silencios cómplices frente a casos incómodos para la derecha y la celeridad inquisidora contra el correísmo, ya no necesitan pruebas adicionales. Bastó una resolución presidencial para que todo quedara claro: no eran teorías, eran prácticas institucionalizadas.
Un premio con acento porteño
¿Embajadora en Argentina por mérito? ¿O por lealtad? La ironía se impone. La misma funcionaria que se mostró implacable con figuras del correísmo —a veces con pruebas más espectrales que concretas, como el ya célebre informe de “influencia psíquica” contra Rafael Correa— se convirtió en diplomática de carrera en un abrir y cerrar de decreto.
Los críticos —y no solo correístas— han señalado que esta designación huele más a recompensa que a reconocimiento. No sorprende. En un país donde la institucionalidad parece más decorado que estructura, los ascensos no se dan por trayectoria, sino por utilidad. Y Salazar fue útil: garantizó un relato judicial que blindó a los gobiernos aliados y castigó a los adversarios políticos.
Una justicia tan independiente como un mayordomo
Durante su gestión se emprendieron causas como Metástasis u Odebrecht, sin duda necesarias, pero ejecutadas con un alto componente mediático y con una selectividad llamativa. La investigación del caso INA Papers (rebautizado “Sinohydro”) es quizás el mejor ejemplo: de un escándalo que rozaba al expresidente Moreno se pasó, por arte narrativo, a una causa diluida, sin responsables principales ni resultados concluyentes. La Fiscalía fue eficaz en espectáculo, pero deficiente en equidad.
Entretanto, casos sensibles para el poder —como las denuncias contra Guillermo Lasso o la mafia albanesa dentro del Estado— fueron manejados con una lentitud franciscana. La excusa recurrente: “estamos investigando”. Al parecer, las investigaciones más importantes siempre están en fase previa… hasta que se archivan solas.
De Buenos Aires con amor (político)
Aceptar una embajada justo después de abandonar la Fiscalía es, en términos estrictamente políticos, un gesto simbólicamente devastador. Salazar no esperó ni una semana, ni un mes para guardar las formas. No. Se fue directo de la institución que debía proteger la independencia del sistema judicial a representar oficialmente a un gobierno que, de facto, protegió y promovió su perfil durante años.
La prisa fue tal que más de un diplomático de carrera se quedó perplejo. La embajada en Argentina, una de las más relevantes en Sudamérica, se convierte así en una especie de compensación de fidelidad. No se premia la gestión, sino la utilidad.
¿Qué aprendimos?
El legado de Diana Salazar, como anticipábamos en un artículo anterior, será recordado no por sus sentencias, sino por sus silencios. Su carrera no terminó con una jubilación discreta ni con una transición institucional. No. Terminó —o más bien mutó— en una escena final tan predecible como reveladora.
Su caso debería servirnos como estudio de caso en las facultades de Derecho y Ciencias Políticas: cómo un Estado puede construir la apariencia de justicia mientras socava su esencia. Cómo una fiscal puede encarnar, al mismo tiempo, el símbolo del combate a la corrupción y el vehículo de su institucionalización.
Epílogo: justicia exprés, diplomacia exprés
El nombramiento de Diana Salazar como embajadora no solo desacredita su trayectoria: deslegitima aún más la ya deteriorada confianza ciudadana en la justicia. Es, para muchos, la confirmación de lo que se venía diciendo en voz baja: que la Fiscalía fue, durante seis años, una herramienta sofisticada de guerra política. Y que el precio de esa lealtad —como en toda vieja república bananera— se paga con cargos.
En resumen: lo que parecía una carrera judicial termina siendo un pasaporte diplomático. Y lo que muchos creían una fiscalía, resultó ser una pasarela. Ecuador no necesita más operadoras con toga ni diplomáticos improvisados. Necesita instituciones que no se rindan ante el poder. Porque mientras eso no ocurra, justicia y democracia seguirán siendo apenas nombres elegantes para disfrazar el reparto.
Versión en Ingles
From Prosecutor to Diplomat in 24 Hours: Diana Salazar and the Art of Institutional Camouflage
The express appointment of the former prosecutor as ambassador to Argentina confirms suspicions of a justice system serving the powers that be. A political epilogue that feels more like a confession than a promotion.
A Diplomatic Turn No One Asked For (But Everyone Understands)
In Ecuador, cynicism no longer wears a disguise—it’s signed by executive order. On May 20, 2025, Diana Salazar solemnly resigned from her position as Attorney General. The very next day, President Daniel Noboa's government handed her a new credential, this time as Ecuador’s ambassador to Argentina, through Executive Resolution No. 634. From justice to diplomacy in just 24 hours. A transition so swift that plane tickets to Buenos Aires weren’t even booked before controversy exploded.
And explode it did—because this appointment seems to put the final punctuation on a lingering suspicion throughout her six-year tenure: was Diana Salazar a public servant at the service of justice, or a prosecutor serving the regime in power?
A Confirmation, Signed and Sealed
During her time in office, Salazar built an image of institutional toughness—a sort of modern, relentless prosecutor. But cracks began to show when her most forceful decisions consistently aligned with the political interests of the sitting governments: first Lenín Moreno, then Guillermo Lasso, and finally Daniel Noboa.
Now, with her diplomatic appointment a mere day after stepping down, the veil is fully lifted. Accusations of bias, claims of selective justice, complicit silence in cases uncomfortable for the right, and swift persecution of correísmo no longer need further evidence. One presidential decree was enough to make it all clear: these weren’t theories—they were institutionalized practices.
A Reward with a Porteño Accent
Ambassador to Argentina—on merit? Or on loyalty? Irony takes the stage. The same official who showed merciless zeal against figures from the correísmo movement—sometimes relying on more spectral than concrete evidence, like the now-famous report on “psychic influence” against Rafael Correa—was transformed into a career diplomat with a flick of the presidential pen.
Critics—not only correístas—have pointed out that this appointment smells more like a reward than recognition. No surprise there. In a country where institutions look more like stage sets than solid structures, promotions aren't about merit—they’re about usefulness. And Salazar was useful: she guaranteed a judicial narrative that shielded allied governments and punished political opponents.
A Justice System as Independent as a Butler
Yes, her term included major investigations like Metastasis and Odebrecht—undeniably necessary—but they were carried out with heavy media fanfare and suspicious selectivity. The INA Papers case (later rebranded “Sinohydro”) is perhaps the clearest example: what began as a scandal potentially implicating former president Moreno was spun into a diluted case, with no principal defendants or clear conclusions. The Prosecutor’s Office was efficient in spectacle, but deficient in fairness.
Meanwhile, sensitive cases for those in power—like allegations against Guillermo Lasso or the Albanian mafia’s infiltration of the state—were handled with saintly slowness. The usual excuse: “We’re investigating.” Apparently, the most important investigations are always in the “preliminary phase”… until they quietly vanish.
From Buenos Aires with (Political) Love
Accepting an ambassadorship right after leaving the Prosecutor’s Office is, in strictly political terms, a symbolically devastating move. Salazar didn’t wait a week or a month to maintain appearances. No. She went straight from the institution meant to safeguard judicial independence to officially representing the government that, in practice, supported and promoted her profile for years.
The rush was so blatant that more than one career diplomat was left stunned. The embassy in Argentina—one of the most important in South America—now becomes a kind of loyalty compensation. This isn’t a reward for performance. It’s a thank-you for usefulness.
What Have We Learned?
Diana Salazar’s legacy, as we anticipated in a previous article, will not be remembered for her verdicts, but for her silences. Her career didn’t end in discreet retirement or through institutional transition. No—it ended, or rather morphed, into a final scene as predictable as it is revealing.
Her case should be used in law and political science schools as a case study: how a state can build the appearance of justice while hollowing out its essence. How a prosecutor can simultaneously become the symbol of the fight against corruption and the vehicle for its institutionalization.
Epilogue: Express Justice, Express Diplomacy
Diana Salazar’s appointment as ambassador not only discredits her trajectory—it further delegitimizes an already eroded public trust in the justice system. For many, it confirms what was whispered for years: that the Prosecutor’s Office served, for six years, as a sophisticated tool of political warfare. And like in every old banana republic, the price of loyalty is paid in appointments.
In short: what seemed like a judicial career ends as a diplomatic passport. And what many thought was a prosecutor’s office turned out to be a runway. Ecuador does not need more operatives in robes or improvised diplomats. It needs institutions that do not kneel before power. Because until that happens, “justice” and “democracy” will remain nothing more than elegant names disguising the spoils of the powerful.