[COPY] La controvertida gestión de Diana Salazar / The Controversial Tenure of Diana Salazar
¿Justicia selectiva o justicia efectiva? / Selective Justice or Effective Justice?
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La controvertida gestión de Diana Salazar: ¿justicia selectiva o justicia efectiva?
El legado de una fiscal polarizante en un país dividido
La renuncia de Diana Salazar como Fiscal General del Estado, anunciada el 20 de mayo de 2025, marca el cierre de un capítulo polarizante en la historia reciente de Ecuador. Su gestión de seis años y 42 días estuvo marcada por investigaciones de alto perfil, acusaciones de parcialidad y controversias sobre su independencia. ¿Fue su mandato un esfuerzo genuino por combatir la corrupción o un instrumento más en el ajedrez político?
Un ascenso lleno de simbolismo y controversia
Diana Salazar asumió el cargo de Fiscal General en 2019 tras obtener el puntaje más alto en un concurso que no estuvo exento de críticas. Su nombramiento, celebrado como un hito para la representación de las mujeres afrodescendientes en altos cargos, también fue visto con escepticismo.
Sus detractores cuestionaron si su condición de género y etnia influyeron en el resultado del proceso, sentando las bases de una percepción de favoritismo que la acompañaría a lo largo de su gestión. Aunque algunos consideraron su designación como un triunfo simbólico, otros sugirieron que fue una elección cómoda para sectores que buscaban una figura que combinara atributos de innovación y obediencia. ¿Fue una fiscal para la justicia o para los reflectores?
Casos mediáticos: entre el espectáculo y los resultados
Bajo su dirección, la Fiscalía emprendió investigaciones emblemáticas como Odebrecht y Metástasis, logrando revelar redes de corrupción y crimen organizado. Sin embargo, el éxito de estos casos quedó ensombrecido por denuncias de selectividad y un exceso de teatralidad en su ejecución.
Un caso particularmente controvertido fue el de INA Papers, que inicialmente implicaba al expresidente Lenín Moreno y su entorno. La decisión de Salazar de rebautizar el caso como Sinohydro despertó críticas por desviar el foco político y afectar a terceros no vinculados directamente. Estas maniobras, vistas como mediáticas y manipuladoras, erosionaron la confianza en la imparcialidad de la Fiscalía.
Por otro lado, la celeridad en casos que involucraban a figuras de la izquierda contrastó con la lentitud en procesos que salpicaban a actores de la derecha. Las denuncias de corrupción contra Guillermo Lasso y Lenín Moreno languidecieron en un letargo inexplicable. Esta brecha alimentó la percepción de un doble rasero que favorecía los intereses del poder establecido.
Uno de los casos más simbólicos fue el del exvicepresidente Jorge Glas, cuya condena en el marco del caso Odebrecht levantó dudas sobre la solidez de las pruebas presentadas. Glas, quien fue sentenciado a ocho años de prisión, denunció en repetidas ocasiones la falta de imparcialidad en el proceso. Mientras que para algunos su condena fue un ejemplo del avance en la lucha contra la corrupción, otros lo consideraron un claro caso de persecución política. Su liberación posterior bajo medidas cautelares dejó en evidencia las inconsistencias del sistema judicial.
Persecución política: el peso de la izquierda
La percepción de parcialidad se agudizó por la severidad con la que se persiguieron a figuras asociadas a la izquierda política. El caso más sonado fue el del expresidente Rafael Correa, condenado por un informe de "influencia psíquica" que se convirtió en objeto de burlas internacionales.
El asesinato del político Fernando Villavicencio también marcó un episodio oscuro. La viuda de Villavicencio denunció que la Fiscalía manipuló la investigación para implicar a correístas, coincidiendo convenientemente con las elecciones presidenciales y favoreciendo a los candidatos de derecha. Al final, estas acusaciones resultaron infundadas, pero el daño ya estaba hecho.
Vínculos cuestionados con el narcotráfico
En 2023, el medio La Posta señaló a Salazar por supuestos vínculos con la mafia albanesa, que habría infiltrado varias instituciones del Estado. Aunque Salazar negó vehementemente estas acusaciones, la sombra de la duda persistió. ¿Cómo reconciliar esta imagen con la de una fiscal que se presentaba como guardiana de la transparencia y la ley?
Una Fiscalía en tiempos de crisis
El periodo de Salazar estuvo marcado por una crisis de seguridad sin precedentes. La violencia y el narcotráfico desbordaron las capacidades del Estado, y aunque se esperaban medidas contundentes, su gestión no logró responder a la altura del desafío.
Su sucesor, Wilson Toainga, hereda una Fiscalía debilitada y una credibilidad tambaleante.
¿Qué queda del legado de Salazar?
En su mensaje final, Diana Salazar declaró que "aferrarse a los cargos no le hace bien al país". Pero para muchos, su renuncia llega tarde. Su legado, agridulce y polarizante, deja una lección sobre los riesgos de politizar la justicia y la necesidad de una reforma estructural.
Una reflexión sobre la justicia ecuatoriana
El paso de Diana Salazar por la Fiscalía General del Estado deja más preguntas que respuestas. Aunque logró avances en casos emblemáticos, el manto de parcialidad, los errores estratégicos y las acusaciones de manipulación política empañaron cualquier mérito que pudiera reclamar.
En su legado, la justicia ecuatoriana parece haber avanzado un paso hacia la transparencia, pero retrocedido dos hacia la desconfianza. Con una Fiscalía debilitada y un país dividido, Ecuador se encuentra en una encrucijada.
La elección del próximo fiscal general será un momento decisivo. Más allá de nombres y figuras, lo que está en juego es la credibilidad de una justicia que, por años, ha sido vista como un instrumento al servicio del poder.
¿Podrá el país romper con este ciclo de desconfianza y construir una verdadera independencia judicial?
🇬🇧 English Version
The resignation of Diana Salazar as Attorney General of the State, announced on May 20, 2025, marks the end of a polarizing chapter in Ecuador's recent history. Her six years and 42 days tenure was marked by high-profile investigations, accusations of partiality, and controversies over her independence. Was her mandate a genuine effort to fight corruption or just another tool in the political chess game?
A rise full of symbolism and controversy
Diana Salazar took office as Attorney General in 2019 after achieving the highest score in a contest that was not without criticism. Her appointment, celebrated as a milestone for the representation of Afro-descendant women in high offices, was also met with skepticism.
Her detractors questioned whether her gender and ethnicity influenced the outcome of the process, laying the groundwork for a perception of favoritism that accompanied her throughout her tenure. While some saw her appointment as a symbolic victory, others suggested she was a comfortable choice for sectors seeking a figure combining innovation and obedience. Was she a prosecutor for justice or for the spotlight?
High-profile cases: between spectacle and results
Under her leadership, the Attorney General's office launched emblematic investigations such as Odebrecht and Metástasis, managing to reveal networks of corruption and organized crime. However, the success of these cases was overshadowed by allegations of selectivity and excessive theatricality in their execution.
One particularly controversial case was INA Papers, which initially involved former president Lenín Moreno and his circle. Salazar's decision to rename the case as Sinohydro sparked criticism for diverting the political focus and affecting third parties not directly linked. These maneuvers, seen as media stunts and manipulative, eroded trust in the impartiality of the Attorney General’s office.
On the other hand, the speed in cases involving left-wing figures contrasted with the slowness of processes implicating right-wing actors. Corruption allegations against Guillermo Lasso and Lenín Moreno languished inexplicably. This gap fueled the perception of a double standard favoring the interests of the established power.
One of the most symbolic cases was that of former Vice President Jorge Glas, whose conviction in the Odebrecht case raised doubts about the solidity of the evidence presented. Glas, sentenced to eight years in prison, repeatedly denounced the lack of impartiality in the process. While some saw his conviction as an example of progress in the fight against corruption, others considered it a clear case of political persecution. His subsequent release under precautionary measures highlighted inconsistencies in the judicial system.
Political persecution: the weight of the left
The perception of partiality was heightened by the severity with which figures associated with the political left were pursued. The most notable case was former president Rafael Correa, convicted based on a "psychic influence" report that became the subject of international ridicule.
The assassination of politician Fernando Villavicencio also marked a dark episode. Villavicencio’s widow denounced that the Attorney General’s office manipulated the investigation to implicate correístas, conveniently coinciding with presidential elections and favoring right-wing candidates. Ultimately, these accusations proved unfounded, but the damage was done.
Questioned links with drug trafficking
In 2023, the media outlet La Posta pointed to Salazar for alleged links to the Albanian mafia, which had reportedly infiltrated several state institutions. Although Salazar vehemently denied these accusations, the shadow of doubt persisted. How to reconcile this image with that of a prosecutor who presented herself as a guardian of transparency and the law?
An Attorney General’s office in times of crisis
Salazar’s period was marked by an unprecedented security crisis. Violence and drug trafficking overwhelmed the State’s capacities, and although strong measures were expected, her management failed to respond adequately to the challenge.
Her successor, Wilson Toainga, inherits a weakened Attorney General’s office and a shaky credibility.
What remains of Salazar’s legacy?
In her final message, Diana Salazar declared that "clinging to positions is not good for the country." But for many, her resignation comes too late. Her bittersweet and polarizing legacy leaves a lesson about the risks of politicizing justice and the need for structural reform.
A reflection on Ecuadorian justice
Diana Salazar’s time at the Attorney General’s office leaves more questions than answers. Although she made advances in emblematic cases, the cloak of partiality, strategic errors, and accusations of political manipulation overshadow any merit she could claim.
In her legacy, Ecuadorian justice seems to have taken one step toward transparency but two steps back into distrust. With a weakened Attorney General’s office and a divided country, Ecuador stands at a crossroads.
The choice of the next Attorney General will be a decisive moment. Beyond names and figures, what is at stake is the credibility of a justice system that, for years, has been seen as an instrument at the service of power.
Will the country be able to break this cycle of distrust and build a true judicial independence?