Cinco masacres en una noche: la represión de Noboa deja al país desprotegido y 25 muertos
La crisis de seguridad en Ecuador se profundiza con cinco nuevas masacres, mientras el gobierno prioriza la represión en lugar de proteger a su población.
Contextualización
Entre el 12 y 13 de octubre de 2025, Ecuador vivió una noche trágica: en plena jornada de movilizaciones y con un fuerte despliegue militar y policial en la capital, se registraron cinco ataques masivos en distintas provincias (Los Ríos, Guayas y El Oro) que dejaron —según reportes periodísticos y partes policiales— un total aproximado de veinticinco personas fallecidas y decenas de heridos. Mientras el Gobierno nacional concentraba tropas, calles y accesos a Quito estuvieron militarizados para contener protestas, lo que, denuncian voces sociales y analistas, desvió recursos y atención de zonas donde la violencia criminal actuó con impunidad.
I. ¿Qué está priorizando el Gobierno? Militarización y represión frente a la violencia organizada
El Ejecutivo de Daniel Noboa optó por una estrategia que ha puesto en el centro la contención de manifestaciones: cierre de accesos a Quito, despliegue masivo de policía y ejército y decretos de excepción en varias provincias. Esa decisión —legítima o no según visiones políticas— tuvo un efecto colateral evidente: las fuerzas concentradas en la capital y las operaciones contra manifestantes redujeron la capacidad operativa en otras zonas. El resultado lo pagaron ciudadanos en fiestas, barrios y canchas deportivas: vidas arrancadas en ataques que exhiben el control territorial de estructuras criminales.
II. Las cinco masacres — descripción, lugar y víctimas
A continuación, detallo las cinco matanzas ocurridas la noche y el día del 12–13 de octubre de 2025, con la información conocida hasta ahora por medios y reportes policiales. Las incluyo por orden cronológico aproximado y con la cifra de víctimas reportada por la prensa:
Villamil — Playas (Provincia del Guayas): ataque en una fiesta de quince años
Qué ocurrió: Sicarios irrumpieron en una celebración (sector La Viradita / avenida Zenón Macías) y abrieron fuego contra los asistentes.
Víctimas: Reportes preliminares confirman 5 muertos y varios heridos. Testigos describen pánico y cuerpos en el exterior del local. El hecho revive otras masacres previas en el cantón, donde operan facciones como Los Choneros y Los Lobos.Buena Fe — Recinto Los Amazú / Patricia Pilar (Provincia de Los Ríos): hallazgo masivo
Qué ocurrió: En la mañana del 13 de octubre fueron encontrados 8 cadáveres (cuatro hombres y cuatro mujeres) maniatados y apilados al borde de la vía, con señales de tortura. La escena —cuerpos abandonados en un terreno— sugiere una ejecución masiva. Las autoridades desplegaron peritajes y detenciones preliminares han sido informadas por fuentes oficiales.Guayaquil — Portete / Cisne 2 (Provincia del Guayas): masacre en campeonato de fútbol
Qué ocurrió: Durante un torneo/local de indor fútbol, sicarios encapuchados irrumpieron y dispararon contra la multitud (eventos señalan disparos desde vehículos y motocicletas).
Víctimas: 7 muertos y entre 15–17 heridos según distintos partes (niños y adolescentes entre los lesionados). En el lugar se recogieron decenas de casquillos y proyectiles; la hipótesis oficial apunta a disputas por control territorial y microtráfico.Santa Rosa — Barrio 29 de Noviembre (Provincia de El Oro): asesinato en vivienda
Qué ocurrió: Un grupo armado llegó en un vehículo blanco y abrió fuego contra personas dentro de una vivienda; se reportaron más de veinte disparos en la escena. Tres de las víctimas pertenecían a la misma familia.
Víctimas: 4 muertos y 2 heridos. La policía investiga si el objetivo principal era alias “Lalo” (Alexander Izurieta), con antecedentes por tráfico de drogas; sin embargo, tres de los fallecidos no tenían antecedentes. Se recogieron 22 vainas de calibre 9 mm en el sitio.Portoviejo — Estancia Vieja (Provincia de Manabí): sicariato en cancha de fútbol
Qué ocurrió: En plena tarde y ante decenas de testigos, dos sicarios con arma corta y fusil ingresaron a una cancha y dispararon contra un jugador, que falleció en el lugar tras recibir múltiples impactos. Se habla de más de 15–20 disparos contra la víctima.
Víctimas: 1 muerto (identificado en reportes como un hombre joven conocido en el sector); el ataque provocó pánico y la interrupción del partido.
Suma: 5 + 8 + 7 + 4 + 1 = 25 muertos, con decenas de heridos y familias destrozadas. Las cifras provienen de reportes locales y partes policiales publicados por medios nacionales. (Las cifras aún son preliminares y la investigación continúa).
III. Anatomía del crimen: bandas, armamento y territorios
Estas masacres comparten patrones que no son casuales: uso de armas de alta letalidad (fusiles y pistolas automáticas), desplazamiento coordinado en vehículos y motocicletas, selección de momentos con concentración de civiles (fiestas, campeonatos, reuniones familiares) y, en varios casos, relación con disputas por microtráfico o control de rutas de contrabando y puertos. En El Oro y Playas aparecen referencias a facciones como Los Lobos y Los Choneros; en Guayaquil se habla de divisiones territoriales internas (menciones a grupos con apodos como “Freddy Krueger” en partes policiales). La capacidad operativa y la evidente impunidad reflejan el grado de penetración criminal en múltiples territorios.
IV. Política de seguridad equivocada: la represión que deja huecos
La decisión del Gobierno de concentrar fuerzas en Quito para contener protestas —cierre de accesos, despliegue militar y decreto de excepción en varias provincias— explica (no la justifica) por qué hubo menos inteligencia preventiva, menos patrullaje focal y menor presencia policial en áreas donde actúan las bandas. Es legítimo que el Estado garantice el orden público, pero no cuando ello se ejecuta a costa de abandonar territorios. Priorizar el control de las movilizaciones y el “orden” en la capital, sin una estrategia paralela de protección territorial, ha generado el escenario que hoy vemos: represión contra manifestantes y desprotección frente al crimen organizado.
V. Humanidad y política: las víctimas detrás de las cifras
No son números. Son madres, padres, niños, jóvenes y vecinos que celebraban una vida, un torneo, o que estaban en su casa cuando la muerte irrumpió. La política que decide desplazar recursos, que criminaliza la protesta y que no articula prevención social y judicial, paga su factura con vidas. La narrativa oficial que coloca el foco exclusivo en la “restauración del orden” olvida la raíz: pobreza, exclusión, falta de oportunidades y corrupción que permiten al crimen reclutar, traficar y operar. La respuesta debe ser humanitaria y técnica: protección inmediata de las comunidades afectadas y medidas de largo plazo.
VI. Propuestas técnicas, urgentes y no ideológicas (resumen operativo)
Redistribución operativa inmediata: crear unidades móviles de respuesta que no sean absorbidas por operaciones en la capital y que cubran corredores prioritarios (puertos, vías de salida y zonas rurales críticas).
Inteligencia integrada y no politizada: conformar una mesa técnica con inteligencia policial, fiscalía, fuerzas armadas (en su rol constitucional de apoyo logístico), y veeduría civil para cruzar datos y perseguir cadenas criminales, no solo actores aislados.
Protección comunitaria y alerta temprana: instalar sistemas de comunicación local (líneas 24/7, alertas vecinales) y campañas educativas que permitan responder rápido ante amenazas.
Monitoreo penitenciario y puertos: reforzar control en centros de reclusión y nodos logísticos (puertos y aduanas) para cortar rutas de financiamiento del crimen.
Pacto de Estado por la seguridad: un acuerdo político nacional, sin partidismos, que priorice financiamiento, transparencia y objetivos a cinco años para desmontar las redes criminales.
Estas medidas deben ser técnicas, medibles y sujetas a control civil; la seguridad no es una bandera de partido, es un derecho humano.
Conclusiones
Las cinco masacres y sus 25 muertos son un síntoma claro de la incapacidad del Estado para asegurar la vida de los ciudadanos cuando la política pública prioriza la represión política sobre la protección territorial.
Militarizar Quito sin una estrategia nacional de seguridad integral dejó huecos que las organizaciones criminales aprovecharon con brutal eficacia. El Gobierno debe explicar públicamente la asignación de recursos y hacer cambios inmediatos.
La respuesta debe ser humanitaria y técnica, no solo represiva. Los ciudadanos necesitan protección, justicia y prevención —no más declaraciones retóricas ni parches tácticos
Bibliografía
El Comercio. (2025). “Masacres en Ecuador: Un análisis sobre las recientes tragedias en Guayas y Los Ríos”. El Comercio.
El Universo. (2025). “Ecuador enfrenta una escalada de violencia: los informes de la policía y la justicia”. El Universo.
Ministerio del Interior de Ecuador. (2025). “Reporte de incidentes y masacres: Informe sobre las tragedias de octubre de 2025”. Ministerio del Interior de Ecuador.
Fiscalía General del Estado. (2025). “Análisis de las investigaciones en torno a las masacres ocurridas en Guayas, Los Ríos y El Oro”. Fiscalía General del Estado.
Diario Expreso. (2025). “Criminales, sicarios y bandas organizadas: El desafío de la seguridad en Ecuador”. Diario Expreso.
Noticias de la Comunidad Internacional. (2025). “El impacto de la violencia en Ecuador: Informe de Derechos Humanos”. Amnistía Internacional.
Ecuavisa.
Dr. Ney Briones Zambrano
Director Ejecutivo, Movimiento Pluricultural Quinta Región
Redactor Red Conecta Ecuador Noticias / Substack