Camionetas perseguidas, campo humillado: la otra cara del transporte rural en Ecuador
Años de abusos contra transportistas rurales disfrazados de “piratería”, mientras ni la CTE ni la Policía garantizan un servicio digno en las zonas más olvidadas del país.
Contextualización: La necesidad no escuchada
En Ecuador, ser campesino no es solo una opción, sino una necesidad. Vivir en el campo, lejos de los centros urbanos, significa enfrentarse a condiciones de precariedad, donde los servicios básicos, como la salud, educación y transporte, son un lujo casi imposible de obtener. Esto no solo se limita a la falta de acceso a infraestructuras básicas, sino también a la ausencia de un sistema de transporte adecuado, que haga posible el desplazamiento dentro y fuera de las zonas rurales.
En estas regiones, el transporte público formal es prácticamente inexistente. Las rutas que en ocasiones son cubiertas por buses o camiones son insuficientes y, en muchos casos, las opciones de transporte solo están disponibles una vez al día, o incluso una vez a la semana. Este panorama obliga a los campesinos a buscar alternativas que no siempre son seguras ni adecuadas para el traslado de personas y productos esenciales para su supervivencia.
Las camionetas de los vecinos o los pequeños transportistas rurales, a menudo considerados informales, son la única opción viable. Estos conductores, a pesar de las condiciones precarias, asumen una responsabilidad social fundamental: trasladar productos agrícolas, personas y víveres a lugares donde el Estado no llega. Pero esta actividad es vista con desprecio por las autoridades, quienes los etiquetan como “piratas” y los persiguen, criminalizándolos por cubrir una necesidad vital que el Estado ha ignorado.
I. La criminalización de los pequeños transportistas
Desde hace varios años, las reformas a la Ley de Tránsito, impulsadas principalmente por las grandes cooperativas de transporte, han transformado a los pequeños y medianos transportistas rurales en víctimas del sistema. La etiqueta de “pirata” que se les impone no tiene en cuenta las realidades del campo ecuatoriano, donde las opciones de transporte formal son escasas. Los transportistas rurales, lejos de representar un acto ilegal, están cumpliendo con lo que el Estado debería garantizar: cubrir las rutas rurales olvidadas.
El término “piratería” no es más que una forma de deshumanizar a aquellos que, con sus vehículos viejos y en condiciones precarias, hacen el trabajo que las autoridades deberían haber asumido. El problema no radica en el transporte informal, sino en la falta de un sistema estatal de transporte eficiente que pueda atender las necesidades de las zonas rurales.
II. El cambio de rostro en la Comisión de Tránsito y la Policía Nacional
En mayo de 2025, el gobierno, presionado por las numerosas denuncias de corrupción, extorsión y abuso de poder, retiró a la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) de las rutas principales del país, y la responsabilidad de controlar las vías fue transferida a la Policía Nacional. Esta decisión se justificó como una medida para “recuperar el control vial” y garantizar la seguridad en todas las rutas del país.
Sin embargo, la historia demuestra que el simple cambio de actores no soluciona los problemas estructurales. La Policía Nacional, al asumir el control de las rutas, ha mantenido las mismas prácticas de extorsión, soborno y abuso de poder que caracterizaban a la CTE. Si bien los uniformes son nuevos, las prácticas corruptas siguen siendo las mismas. El campesino que transporta su cosecha en una camioneta o la persona que busca llegar al hospital sigue siendo víctima de la extorsión de los agentes de tránsito, quienes no solo imponen multas injustas, sino que exigen sobornos para evitar sanciones.
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III. La leyenda urbana: "El reparto del pastel"
En los pasillos del poder y entre los transportistas circula un rumor que, aunque no se puede confirmar de manera oficial, es ampliamente conocido: durante los gobiernos de Moreno y Lasso, se habría producido un “reparto” de las agencias de tránsito, como la CTE y la ANT, entre funcionarios de las instituciones y altos políticos. Se dice que no solo los agentes de tránsito extorsionan a los conductores, sino que una parte del dinero recaudado se reparte entre los superiores de la Policía de Tránsito y la CTE, quienes, a su vez, lo canalizan hacia funcionarios de la ANT y hacia los niveles más altos del gobierno.
Aunque esta información no ha sido comprobada, los testimonios de transportistas y ciudadanos del país siguen reproduciendo esta narrativa con alarmante consistencia. Las denuncias de corrupción nunca se esclarecen completamente, pero la percepción de impunidad persiste, y las prácticas corruptas parecen estar profundamente arraigadas en el sistema.
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IV. La reforma de la Ley de Tránsito: una luz que sigue esperando
El 19 de marzo de 2025, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica Reformatoria para Garantizar la Circulación Terrestre del Sector Agropecuario y Pesquero, un avance significativo para el transporte rural autónomo. Esta ley exime de sanciones a los transportistas rurales que utilicen vehículos no convencionales, como las camionetas con baldes, siempre que se cumplan con las medidas mínimas de seguridad.
Sin embargo, más de 90 días después de la aprobación de la ley, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) aún no ha emitido el reglamento necesario para su implementación. La situación es aún más preocupante cuando se observa que, en los puntos de control, los agentes de tránsito no tienen conocimiento de la nueva normativa, lo que ha dejado un vacío legal que sigue siendo aprovechado para exigir sobornos y retener vehículos sin justificación.
V. Propuestas para una verdadera solución
Reconocer el transporte rural autónomo como un servicio legal: Es fundamental que el transporte rural autónomo sea reconocido como un servicio legítimo y necesario, especialmente en zonas donde no existe cobertura formal. Esto garantizaría que los transportistas no sean criminalizados por cubrir un vacío estatal.
Veeduría ciudadana y participación comunitaria en los operativos de tránsito: Es urgente establecer mecanismos de control civil que permitan a las comunidades supervisar y fiscalizar las actividades de los agentes de tránsito. Esto no solo contribuiría a frenar la corrupción, sino también a hacer los operativos más transparentes y enfocados en la seguridad, y no en la extorsión.
Auditorías externas a la Policía Nacional y CTE: Exigir auditorías externas periódicas para verificar las denuncias de extorsión y abuso de poder. Estas auditorías deben ser imparciales, transparentes y garantizar la rendición de cuentas.
Facilitar los canales de denuncia: Crear sistemas seguros y eficaces para que los transportistas y ciudadanos puedan denunciar abusos sin temor a represalias. Además de los canales oficiales de la CTE y la ANT, un correo electrónico centralizado para denunciar corrupción y abusos sería una herramienta valiosa.
@std_ecuPolicía Nacional asume control del tránsito: CTE queda fuera. #viral_videos #viralvideos #fypp #fypdong #tendencias #tendencia #noticiastiktok #noticias #guayaquil_ecuador🇪🇨♥️ #guayaquil_ecuador #guayaquil #ecuador #ecuadortiktok #ecuador🇪🇨❤️ #foryoup #foryoupage❤️❤️ #pov #viralllllll #fypシ゚ #fypdong #viralvideos #ecuador #ecuador🇪🇨 #paratii #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #viralllllll #tendencia #tendencias #noticias #viralvideotiktok #viralvideo🔥Tiktok failed to load.
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VI. Conclusión: Basta de promesas vacías
Aunque la reforma a la Ley de Tránsito representó un avance, lo cierto es que sigue siendo insuficiente sin su reglamentación. Las comunidades rurales siguen siendo las grandes olvidadas, y mientras tanto, las prácticas de extorsión y corrupción siguen vigentes. El gobierno debe actuar con responsabilidad y cumplir sus promesas. Las reformas no deben quedarse en papeles, sino en soluciones concretas que mejoren la vida de los ecuatorianos más necesitados.
Este artículo no es solo una denuncia, es un llamado urgente a la acción. Las autoridades deben asumir su responsabilidad y cumplir lo prometido. El país no puede seguir jugando con la vida de quienes, a diario, luchan por sobrevivir en el campo. El transporte, como cualquier servicio público, debe llegar a todos, sin importar cuán alejados estén.
Dr. Ney Briones Zambrano
Director ejecutivo Movimiento Pluricultural Quinta Región